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La reforma laboral está, otra vez, en el centro de la escena. Es una de las grandes reformas que impulsa el Gobierno, por el momento con poco consenso entre las partes que la discuten de manera oficial.
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Luego de una semana en la que la crisis industrial –con despidos en Essen, Whirlpool y otras que coparon los portales y las redes– también ganó protagonismo a pesar de los números de actividad y de otra chicana de Luis “Toto” Caputo sobre el “no-atraso” cambiario.
A contrarreloj, las autoridades se sientan a la mesa del llamado Consejo de Mayo con representantes de las empresas, el Congreso y los gremios. Si bien todavía no se presentó de manera oficial, la propuesta apuntará a reducir los niveles de informalidad: según los últimos datos del Indec, el 43,2% de los trabajadores argentinos está en “negro”.
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Se espera que el borrador final del proyecto esté la semana próxima, justo antes del comienzo de las sesiones extraordinarias, donde se buscará tratar esta reforma y otras. Así se definió la semana pasada en la primera reunión del Consejo que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También estuvieron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; Gerardo Martínez, de la CGT, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.
Es bastante poco probable que haya un proyecto único y consensuado. Así, el trabajo y las presiones de lobbies y grandes estudios de abogados están a la orden del día.
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Los grandes
¿Qué opinan los principales empresarios argentinos sobre los cambios? Mientras esperan la letra chica del proyecto, un grupo de grandes empresas que emplean unos 150.000 trabajadores dieron sus puntos de vista sobre lo que, esperan, se defina en cuanto a cambios laborales.
Son compañías como Coto, Techint, Telecom, Arcor, Swiss Medical, Mercado Libre, Grupo Perez Companc, Changomás, Banco Macro y Grupo Newsan. La lista sigue.
“La UIA espera que la nueva legislación laboral mejore la competitividad de todas las empresas argentinas y sobre todo del sector transable, que compite con el mundo, a través de la reducción de costos”, le dijo Rappallini a Infobae. “Una parte de esos costos se debe a la alta litigiosidad que tenemos, a pesar de la baja importante que hemos logrado en la siniestralidad. Además, queremos tener la facultad básica de administrar y aumentar la productividad interna y ordenar el funcionamiento de nuestras fábricas, sin bloqueos ni acciones que pongan en riesgo el empleo y la producción”, agregó el titular de la UIA.